Desigualdad y pobreza en Rusia en aspecto de la crisis 1998

Tema: Desigualdad y pobreza en Rusia en aspecto de la crisis 1998 

     Introducción  

     Según las palabras  del ex presidente de Federación Rusa,  Vladimir Putin, “Rusia es un país rico de la gente pobre”. La pobreza y la desigualdad se han convertido en uno de los problemas más importantes del estado ruso creado después de la disolución de la URSS y actualmente sigue siendo un obstáculo grande para el desarrollo del país. De acuerdo con el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, Rosstat, en 2007 los ingresos de 18,9 millones de rusos, un 13,4 por ciento de la población, fueron inferiores al nivel de subsistencia, pero los expertos afirman que la cifra real es al menos del doble.

     La conversión de la economía más grande del mundo controlada por un estado en una economía orientada al mercado ha sido extraordinariamente complicada. Las políticas escogidas para esta difícil transición fueron la liberalización, la estabilización y la privatización. Los resultados parciales de la liberalización  fueron un empeoramiento de la hiperinflación y que gran parte de la industria rusa se encontrara cerca de la bancarrota.

     Con la inflación en tasas de dos dígitos por mes, la estabilización de la macroeconomía se caracterizó por controlar esta tendencia. La estabilización, también llamada ajuste estructural, es un régimen de estricta austeridad (rigurosa política monetaria y política fiscal para la economía, con las que el gobierno buscaba el control de la inflación).

     Una política de este tipo se inició en Rusia en 1995, que dejó de aplicarse tras el estallido de la crisis financiera en 1998, dejando tras de sí a grandes ganadores y a múltiples perdedores. Su aplicación efectivamente sirvió para acabar con la hiperinflación pero en el mismo tiempo reprodujo una dinámica de concentración de la renta en manos de la minoría, mientras que la mayoría de la sociedad estaba en un estado de empobrecimiento.

El objetivo de este trabajo es analizar la política de estabilización aplicada en Rusia, hasta que punto esa política generó la polarización social y la pobreza en la sociedad rusa y comprobar si hay mejoramiento en la situación actual.

     Sin embargo, no resulta fácil analizar la influencia de esta política sobre la pobreza y la desigualdad con datos fiables. En primer lugar, porque la información de la que se dispone no siempre permite marcar una línea entre el antes y el después de la crisis de la aplicación de esta política de ajuste. En segundo lugar, porque  no pueden atribuirse todos los cambios distributivos acaecidos a partir de 1995 a la política de estabilización; por ejemplo, la privatización fue una fuente de enriquecimiento durante esos años y su aplicación no está directamente relacionada con la política anti inflacionista. En tercer lugar, existe una disparidad relativamente grande según las fuentes consultadas, de manera que las conclusiones si no cambian sí al menos se agrandan o empequeñecen en función de la referencia que se utilice. 

     No obstante, en algunos casos la contundencia de los datos resulta incuestionable; en otros la lógica de la argumentación sirve por lo menos para que no pueda negarse la posibilidad de que efectivamente haya podido relacionarse la desigualdad y política económica.

     El trabajo se estructura en cuatro partes. En la primera se explica el funcionamiento de la política económica entre 1995 y 1998, y las consecuencias sociales de su aplicación. En la segunda se justifica la relación entre esa política de ajuste y la crisis financiera. En la tercera parte se analiza el estado en el quedó la población tras el estallido de dicha crisis y las amenazas para la economía rusa como consecuencia de los altos niveles de la pobreza y la desigualdad. Finalmente se añade una visión de la situación social en sociedad rusa en el periodo actual. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Colapso de la URSS y política de estabilización: beneficiados y perjudicados

       Después de la disolución de la URSS en 1991 y creación de la Rusia independiente empezó el difícil periodo de transición. Las políticas escogidas fueron la liberalización, la estabilización y la privatización, conocida en Rusia como la “terapia de choque”.

       La terapia de choque empezó días después de la disolución de la Unión Soviética, cuando el 2 de enero de 1992 el Presidente de Rusia Borís Yeltsin ordenó la liberalización del comercio exterior, los precios y la moneda. Esto supuso la eliminación de los controles de precios de la era soviética con el fin de atraer los bienes a las vacías reservas rusas. Se hicieron desaparecer las barreras legales del mercado privado y la manufactura, y se cortaron los subsidios para granjas estatales e industrias mientras se permitían las importaciones del exterior en el mercado ruso, tratando así de acabar con el poder del estado propietario de monopolios locales.

     Las reformas devastaron inmediatamente la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en aquellos sectores beneficiados por los salarios y precios controlados, los subsidios y el estado del bienestar de la época comunista. La Liberalización de precios en 1992 y la renuncia a la rígida regulación de salarios llevaron a un empeoramiento de hiperinflación y sustancial descenso en el nivel de vida en general.

     En 1995 El Plan de Estabilización se puso en marcha a instancias del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de acabar con la hiperinflación. La causa de esa hiperinflación era la emisión incontrolada de dinero, por eso los asesores del FMI consideraron que la mejor manera  de eliminarla era proponer a los políticos rusos la fijación de un tipo de cambio sobrevaluado del rublo respecto del dólar, que posteriormente pudiera ir deslizándose en función de las tasas de inflación esperadas. De esa manera se le daba credibilidad a la política restrictiva, garantizando al mismo tiempo su continuidad en la medida en que su abandono llevaría aparejado el coste de la devaluación.

     Esta política consiguió éxitos ya en primeros años después de su aplicación. La tasa de inflación (al precio de consumidor) se redujo del 197% en 1995 al 47 % en 1996, y en 1997 disminuyó hasta el 15 %.

     Una vez atajada la hiperinflación, la fijación del tipo de cambio orientó  todos los esfuerzos del gobierno a evitar la devaluación. Así la política económica se introdujo en una dinámica inercial, que permitió reducir cada vez más el crecimiento de los precios. Y es que con los flujos exteriores completamente liberalizados, la defensa a ultranza de la cotización de la moneda encontraba como única respuesta posible, casi automática, una restricción monetaria cada vez mayor. De esa manera, forzando la situación hasta el límite, se lograba controlar totalmente el crecimiento de los precios y mantener la estabilidad cambiaria, gracias al doble efecto que tenía sobre la balanza de pagos la elevación de los tipos de interés: negativo para las importaciones y positivo para la entrada de capital a corto plazo.

     En 1995 el dinero se prestaba a una tasa de interés real del 218%, en 1996 esa tasa era del 92% y en 1997 del 15%. Esos altos tipos de interés parecían financiaban el déficit, drenaban dinero líquido, atraían capitales y restringían las importaciones enfriando la inversión. Sin embargo, el mantenimiento de esa política tenía un altísimo coste de oportunidad en términos productivos, institucionales y distributivos, lo que en última instancia ponía en peligro la propia viabilidad de la estrategia de estabilización.

     A pesar de ello, los políticos rusos y los que les asesoraban renunciaron a modificar la terapia. Así, con la producción hundida y con una ingente cantidad de recursos subutilizados,  en julio de 1998, cuando las amenazas de devaluación se intensificaron, las tasas de interés y tasas de inflación elevaron de nuevo.

     En Rusia, los que ganaban eran los agentes vinculados a la economía financiera, es decir, la elite enriquecida al calor de la liberalización decretada en 1992 y de los procesos de privatización posteriores: banqueros, dueños y directivos de grandes empresas industriales y energéticas, propietarios de compañías comerciales, altos funcionarios, etc.

     El mejor reflejo del desigual impacto de la recesión sobre las rentas del trabajo y del capital lo constituye el cambio brutal que durante este tiempo experimentó la distribución funcional de la renta: la participación de los salarios en la renta familiar pasó del 70% al 45% entre 1992 y 1998.

     En todo el periodo de aplicación de la política de ajuste los salarios reales disminuyeron a un ritmo significativamente mayor que el PIB. En los primeros años de la reforma el descenso ya fue superior al 40%, pero en 1995, coincidiendo con la puesta en marcha del Plan de Estabilización, los salarios reales volvieron a sufrir una brusca caída cercana al 30%, cuando en ese año el PIB real tan sólo disminuyó un 4%. Al finalizar 1997, después de tres años de programa, los salarios reales eran exactamente la mitad de los de 1990 y un 15% inferiores a los de 1994; y aunque el salario medio ya superaba en 1,3 veces el mínimo de subsistencia, el salario mínimo seguía sin rebasar la quinta parte de los ingresos necesarios para sobrevivir. En 1998, la situación volvería a empeorar, con una nueva caída del salario real que le llevó  a situarse apenas a un tercio del nivel registrado al comienzo de la década.

     Entre sectores las diferencias de salario también eran apreciables. En la industria del gas las remuneraciones eran en 1998 cuatro veces superiores a las de la media; en el carbón, la electricidad y la metalurgia, el doble de la media. A la vez que en sectores como la alimentación, textil, maquinaria, agricultura y servicios sociales, los salarios eran entre un 25% y un 50% inferiores a la media.

     Esas diferencias salariales también indican que el recorte de las remuneraciones apenas estimuló la movilidad de los trabajadores. La movilidad laboral al menos hubiera podido mitigar las bruscas caídas experimentadas por las empresas y los sectores más afectados por la crisis económica, pero la política económica fue aplicada contra una clase trabajadora que no solamente no disponía de mecanismos de defensa frente a la redistribución de rentas a favor del capital, sino que además tampoco contaba como solución con el desplazamiento hacia las empresas, los sectores y las regiones en los que se disfrutaba de mejores condiciones laborales.

     Así  los recortes unidos a la escasa movilidad laboral sumieron en la pobreza a numerosos trabajadores asalariados, cuyo potencial productivo apenas se diferenciaba del que atesoraban las personas que no eran pobres, según las conclusiones a las que llega el Banco Mundial.

     Se comprueba que no existe un patrón claro que relacione pobreza con baja cualificación. Los poco cualificados, si además eran jóvenes y trabajaban en empresas estatales, tenían más probabilidades de ser pobres, pero a trabajadores de similares características podían separarles grandes diferencias de ingreso. Asimismo, empleados de baja cualificación podían vivir bien, mientras que otros con mayor preparación vivían bajo el umbral de la pobreza. Bien es cierto que esas diferencias son más atribuibles a factores institucionales y no a la política económica, pero ponen de manifiesto el contexto de indefensión en el que se encontraba la población asalariada en el momento en que se puso en marcha la política deflacionista, el contexto que hizo que su aplicación tuviera efectos doblemente dañinos para los trabajadores.

     Cabe argumentar que la flexibilidad a la baja de los salarios, de la que se sirvió la política económica para aguantar las exigencias de la estrategia de estabilización, sirvió al menos para evitar un desempleo masivo y la expulsión de millones de personas del mercado de trabajo. Dentro del deterioro que ha sufrido la población no propietaria, este hecho puede verse como un fenómeno positivo, puesto que aunque en 1998 la mitad de las familias pobres recibían rentas del trabajo, el riesgo de éstas de caer en la pobreza no era tan alto como entre los desocupados y los inactivos. Según los datos del Banco Mundial recogidos en 1998, si el 31% de las familias contaba con unos ingresos inferiores al 67% de la media, sólo el 27% de los hogares en los que el cabeza de familia era una persona empleada se situaban bajo esa línea, mientras que el 46% de las casas en las que el cabeza de familia era un desempleado/a, y el 61% en las que éste era una persona inactiva en edad de trabajar, quedaban situadas bajo ese umbral.

     No obstante, a este respecto se han de añadir dos cuestiones. En primer lugar que efectivamente la aceptación de menores salarios impidió una destrucción masiva de empleos, pero ello no significa que la pérdida del trabajo afectara a pocas personas. A lo largo de la década, diez millones de rusos se retiraron de la actividad productiva y cerca de un millón lo hizo entre 1995 y 1998, en su mayor parte mujeres y, sobre todo, jóvenes. Los desempleados eran en 1998 7,5 millones de personas, lo que representaba un 13% de la población activa. En segundo lugar se ha de señalar que la situación de todos ellos se hacía especialmente dramática debido a las dificultades para encontrar otro empleo y a la precarización del sistema de protección social.

     Esa precariedad, que agravó la situación de los inactivos, los desempleados, las familias con escasos ingresos propios, así como de los jubilados, estaba asimismo relacionada con los postulados del plan de estabilización. El control del déficit era uno de los objetivos del programa, lo que obligó a introducir severos recortes en el gasto público.

     Así  se ha hecho inevitable el deterioro efectivo de la protección social: tanto de la prestación de servicios (educación, cultura, sanidad), como de la transferencia de recursos (desempleo, pensiones, becas, etc.). La insuficiencia del subsidio de desempleo dejó a los parados en una situación de absoluto desamparo; en 1998 todos ellos individualmente podían ser considerados pobres, si bien la posibilidad de acceder a otras fuentes de renta en la economía informal y el apoyo de la red familiar salvaba de la pobreza a más de la mitad de los desempleados.

     En este sentido, el Banco Mundial se pregunta si la agudización del deterioro social, provocada por el ajuste fiscal, se podría haber evitado. Su respuesta es que, al menos en parte, sí. Al fin y al cabo, la elección de políticas es una cuestión de necesidades, pero también de opciones y prioridades, y en el caso de las economías ex soviéticas, dice este organismo, la ausencia de sociedad civil ha permitido a su elites escoger aquellas alternativas que les “permitían concentrar las rentas en ellos mismos, mientras le imponían un elevado coste al resto de la sociedad”.  
 
 
 
 

2. Crisis financiero de 1998

     Los negativos efectos que la política monetaria estaba teniendo sobre la economía real, dejaron al Estado sin apenas capacidad recaudatoria. En 1995, el déficit público se redujo al 6% del PIB, pero, en 1996, volvió a colocarse cerca del 10%. El gasto público continuaba recortándose, pero los ingresos apenas rebasaban la décima parte del producto interior bruto. En 1997, con un gasto que no alcanzó  el 18% del PIB, el déficit del Estado fue del 7,5% del producto.

     En esas condiciones es evidente que cuanto más alto era el déficit, más se recurría al endeudamiento público, con lo que el Estado se gastaba más dinero en pagar los intereses de esa deuda y más difícil se le hacía reducir su déficit.

     Al mismo tiempo, cuanto más complicada era la situación financiera del Estado, más costoso se le hacía la colocación de deuda, puesto que para venderla debía ofrecer tipos de interés cada vez más altos, con lo que el problema en lugar de corregirse se agravaba, dado que ese aumento de la rentabilidad de los títulos corría paralelo al hundimiento del consumo y la inversión productiva, restringiéndose con ello las fuentes de ingreso del Estado.

     La parte “positiva” es que esa elevación de tipos atraía más capital a corto plazo, de manera que la estrategia de estabilización continuaba con su huida hacia delante.

     Ciertamente, el FMI era cada vez más consciente de que el Gobierno era incapaz de sanear sus cuentas, pero si optaba por retirar sus préstamos acabaría con la confianza de los inversores en la solvencia del Estado, desencadenando una crisis de la que el primer perjudicado sería el propio Fondo pues tendría muy difícil recuperar el dinero prestado.

     La recesión global de 1998, que comenzó con la crisis financiera asiática en julio de 1997, exacerbó la crisis económica rusa. Dada la subsiguiente bajada en los precios mundiales de materias primas, las ciudades que dependían principalmente de su exportación (por ejemplo de la exportación del petróleo) se encontraron entre los más afectados. El fuerte descenso de los precios del petróleo tuvo severas consecuencias para Rusia.

     En una semana, el rublo perdió la mitad de su valor. Al cerrarse el año, la tasa de inflación era del 85%, la cotización de la moneda rusa era de 20,6 rublos por dólar cuando antes de agosto se cambiaban 6 rublos por un dólar y el déficit público equivalía al 5% del PIB, a pesar de que los gastos no llegaban a representar el 15% del producto interior bruto.

     A la devaluación, la inflación y la caída de la producción se unieron nuevos recortes en el gasto social, por lo que sólo en 1998 la renta per cápita real disponible cayó un 18,2%, situándose un 16% por debajo del nivel alcanzado en 1995. 
 
 
 
 
 
 

3. Como el resultado final: desigualdad y pobreza

 
 

     Pues, ¿cuál es finalmente era el impacto, en términos distributivos, de la política de estabilización, incluyendo la  crisis financiera de 1998?

     En primer lugar, se ha de destacar que el índice de Gini, al finalizar el año de 1998, era igual a 0,48, lo que situaba a Rusia en niveles próximos al de países como México, Nigeria o Tailandia. La distribución por quintiles permitía constatar que el 20% más rico de la población acaparaba casi la mitad de la renta, mientras que menos de un tercio de esa renta se repartía entre el 60% más pobre de la población.

     Jugando con los extremos se comprobaba que el decil más rico disponía del 38% de la renta, mientras que el décil más pobre tan sólo recibía el 1,2%.

     La diferencia entre los ingresos medios del décil superior y el inferior no dejó de incrementarse a lo largo de toda la década: en 1992 los ingresos medios de los más ricos eran 18 veces más altos que los medios de los más pobres; en 1995, eran 35 veces más altos. En 1998, los ingresos medios del 20% con mayores rentas eran veinte veces superiores al ingreso medio del 80% restante.

     El índice de Gini antes de la desintegración de la Unión Soviética, según los datos ofrecidos por Naciones Unidas, era de 0,26, lo que significa que éste casi se duplicó en apenas unos meses. Ningún otro país del mundo ha experimentado un vuelco tan fuerte en tan breve plazo.

     El resultado último de esa dispar evolución ha sido la pobreza. Según las estadísticas oficiales, en 1999 el salario mínimo tan sólo representaba el 8% del mínimo de subsistencia y la pensión media no llegaba a la mitad de ese nivel; en suma, el 40% de la población era pobre.

     Según otras fuentes, la pobreza alcanzaba en 1999 a un 55%, mientras que un quinto se encontraba en una situación de pobreza extrema, lo que no contradice los datos que aporta el Banco Mundial, para quien el 19% de la población estaba por debajo de los 2,15 dólares diarios, considerados por este organismo como el umbral de la pobreza aguda (en países de clima extremo), mientras que el 50% quedaba por debajo de los 4,3 dólares diarios.

     Ese deterioro generalizado de las condiciones de vida, que afectaba a las cuatro quintas partes de la población, aunque muy especialmente al tercio más pobre, tenía su reflejo en múltiples indicadores, si bien en este caso resulta aún más difícil distinguir la influencia de la política económica de otros factores responsables de la descomposición social, debido a que se trata de un proceso de empeoramiento paulatino que se viene observando desde el comienzo de la década.

     Entre los datos más significativos cabe destacar que en la cesta media de consumo la mitad del gasto era alimenticio, llegando al 80% entre los segmentos empobrecidos, al tiempo que el consumo por habitante de carne y leche registró descensos del 20% y el 35%, respectivamente.

     El deterioro de las condiciones sanitarias y alimenticias ha reducido la esperanza de vida en cinco años en menos de una década, rebajándose hasta los 58 años en los hombres, mientras ha elevado la mortalidad infantil por encima de los 22 niños por cada mil nacidos.